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De Rodrigo Santos Andrade
Tras varios días de liberaciones a cuentagotas, el Gobierno de Venezuela anunció este lunes que ha excarcelado ya a 116 presos, en un gesto con el que el chavismo busca mandar un mensaje de apertura. Las cifras, sin embargo, son siempre confusas. Las organizaciones de derechos humanos solo han podido confirmar, de momento, la excarcelación de 41 personas: 24 liberadas durante la madrugada del lunes y otras 17 que han ido saliendo desde que el pasado jueves se anunció la liberación de “un número importante” de detenidos. El desfase entre cifras se explica, según fuentes conocedoras del proceso, por la complejidad de los trámites que deben coordinar jueces, fiscales y autoridades penitenciarias hasta que se ejecuta la puesta en libertad.
Esta primera cifra oficial concretaría la más relevante medida de gracia de la Venezuela sin Nicolás Maduro, un proceso que aún genera muchas dudas entre las organizaciones humanitarias, pero que, a la vez, causa cierto entusiasmo. Este es, según una fuente conocedora de las negociaciones, un momento histórico en la liberación de presos en Venezuela. Las cárceles del país aún mantienen encerrados entre 800 y 1.000 presos políticos, según las organizaciones que acompañan sus cuestionados procesos judiciales.
Las negociaciones para liberarlos se están produciendo en múltiples frentes y cada país ejerce sus propias presiones. Son conversaciones complejas y aunque varios mediadores atribuyen a Delcy Rodríguez, la nueva presidenta encargada, la voluntad de colaborar, ella misma enfrenta resistencias internas. “Hay desencuentros dentro del régimen”, cuenta una fuente diplomática que mantiene diálogo con Caracas desde hace años. “Algunos no quieren ceder, mientras Delcy Rodríguez sí”, añade. “Ella siempre estuvo a favor de este proceso”, asegura otro interlocutor de la dirigente, quien, por otro lado, ha controlado el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), un organismo que ha practicado gran parte de las detenciones arbitrarias.
Entre los últimos presos puestos en libertad figuran dos ciudadanos italianos y el hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, también de doble nacionalidad. Ella fue puesta en libertad el pasado sábado y ya se encuentra en España. Todos los liberados tienen prohibido hacer declaraciones públicas y sus procesos judiciales continúan abiertos.
La excarcelación de González tiene un fuerte componente simbólico porque se entrelaza con la de San Miguel, una de las voces más respetadas de la sociedad civil venezolana en materia de asuntos militares y de seguridad. La abogada fue detenida el 9 de febrero de 2024 mientras se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía junto a su hija. Pasó más de dos años recluida en El Helicoide, la sede del SEBIN en Caracas, señalada por organismos internacionales como un centro de detención marcado por abusos graves de derechos humanos. Ese mismo día, las autoridades arrestaron también a González, entonces gerente de Chevron en Venezuela, acusado de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir, imputaciones que familiares y organizaciones han denunciado siempre como parte de una estrategia de criminalización política.
Las negociaciones para la liberación de presos políticos son una constante en la última década, pero la caída de Nicolás Maduro en manos de fuerzas especiales de Estados Unidos el pasado 3 de enero ha abierto un escenario nuevo e imprevisible. Contra muchos pronósticos, el chavismo se mantiene en pie y Delcy Rodríguez ha asumido el control del país, respaldada por Donald Trump. Varios interlocutores con Caracas que han hablado con EL PAÍS en los últimos días atribuyen a la nueva presidenta una mayor disposición a aflojar la mano dura que caracterizó al madurismo, aunque reconocen resistencias internas en el núcleo del poder.
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