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De Rodrigo Santos Andrade
El Pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado una polémica moción presentada por Vox y respaldada por el Partido Popular (PP) en la que se declara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ‘persona non grata’ en la capital balear. La iniciativa municipal también reclama de forma expresa la dimisión del jefe del Ejecutivo y la inmediata convocatoria de elecciones generales, en un texto que utiliza un lenguaje muy duro al calificarlo como un "deleznable personaje".
La propuesta ha generado un intenso debate político y mediático, tanto a nivel local como nacional, al tratarse de una declaración simbólica dirigida contra el presidente del Gobierno de España. Desde Vox y PP defienden la moción como una expresión política legítima del consistorio, mientras que la oposición cuestiona su validez jurídica y su utilidad institucional. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha recordado que este tipo de votaciones han sido declaradas "ilegales" por el Tribunal Supremo desde el año 2004. Según los socialistas, las administraciones locales no tienen competencias para aprobar declaraciones de ‘persona non grata’ contra autoridades del Estado, por lo que consideran la moción carente de efectos legales y contraria al ordenamiento jurídico.
Esta decisión del Ayuntamiento de Palma se suma a otras iniciativas similares impulsadas en diferentes instituciones, reavivando el debate sobre los límites de las mociones políticas en los plenos municipales y su encaje legal.
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