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De Rodrigo Santos Andrade
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha descartado este miércoles cualquier tipo de intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, apenas un día después de haber advertido al gobierno de Delcy Rodríguez con el uso de la fuerza si la presidenta en funciones no colaboraba lo suficiente con Washington. “Les puedo asegurar con total certeza que no preparamos, ni tenemos la intención, ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, ha declarado, tras describir la relación con las autoridades provisionales en Caracas como “productiva y respetuosa”, aunque “aún queda mucho trabajo pendiente”.
“Importan los hechos, no las palabras”, ha insistido en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar los planes de su Gobierno sobre Venezuela tras la intervención militar del pasado día 3 que capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La comparecencia de Rubio es la primera en público ante un comité del Congreso desde el pasado mayo.
Según Rubio, Washington está logrando “más progresos” en estas últimas cuatro semanas de lo que anticipaba antes de dar el visto bueno a aquella operación. “No vamos a dar un giro de 180 grados a todo esto en una sola noche, pero estamos logrando buenos progresos. Es el mejor plan y desde luego estamos mejor en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas. Creo y espero que estaremos mejor en tres meses, o en nueve, de lo que hubiéramos estado si Maduro hubiera seguido donde estaba”, ha sostenido.
“Por primera vez en veinte años estamos manteniendo conversaciones serias para reducir y eliminar la presencia iraní, la influencia de China, la presencia rusa también. Hay muchos elementos en Venezuela que dan la bienvenida al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en múltiples frentes”, ha asegurado.
En una declaración de apertura por escrito que había enviado la noche anterior al Comité, y que finalmente no leyó en la audiencia, el también consejero de Seguridad Nacional advertía de que Estados Unidos está dispuesto a utilizar la fuerza de nuevo en Venezuela si decide que la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, no está cooperando con Washington al nivel que espera la Administración de Donald Trump. “Supervisaremos de cerca la actuación de las autoridades interinas en su cooperación con nuestro plan por fases para restablecer la estabilidad de Venezuela. Que no quepa duda: como ha dicho el presidente (Donald Trump), estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos no la consiguen”, apuntaba.
Ante los senadores, insistió en que Trump es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y, como tal, nunca descarta ninguna opción: “si aparece una fábrica de drones iraníes que amenaza nuestras fuerzas en la región, el presidente se reserva la opción de eliminarla”, matizaba.
El alto cargo también ha expresado su optimismo sobre la reapertura en un futuro próximo de la embajada de Estados Unidos en Caracas y la normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales. Y sostenía que, hoy por hoy, la única presencia militar de su país en Venezuela son los infantes de marina que protegen el edificio de la embajada.
El coste de la reapertura de esa legación diplomática es el único en el que está incurriendo su Administración en el proceso en Venezuela, sostuvo. El resto vendrá sufragado por el sector petrolero del país, su motor económico, que Estados Unidos quiere restaurar y en el que pretende que sus empresas tengan una posición ventajosa. Washington ya ha venido 500 millones de dólares de crudo venezolano, de los que ha entregado 300 millones al gobierno en Caracas y otros 200 millones permanecen en una cuenta bancaria.
El secretario de Estado ya compareció ante los legisladores a puerta cerrada inmediatamente después de la operación militar del día 3. Entonces reveló que el plan de tutelaje que prevé Estados Unidos para Venezuela se divide en tres fases: en la primera, la de estabilización, los trabajos se centrarán en restablecer la infraestructura para que el país, y el sector petrolero que es su motor económico, puedan funcionar. Después llegará una etapa de recuperación, sobre todo económica, tras la que se producirá una transición para la celebración de elecciones democráticas. La Administración Trump ha admitido que es un proceso que puede durar años.
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